12 May 30 de mayo, fecha límite para el reparto de utilidades

En México, las empresas deben cumplir con el pago anual del reparto de utilidades a sus trabajadores antes del 30 de mayo, un derecho protegido por la Constitución y regulado por la Ley Federal del Trabajo. Si no se cumple con esta obligación, las empresas pueden enfrentar multas de entre 25,937 y 518,745 pesos por empleado afectado.

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El reparto de utilidades es una prestación importante para los trabajadores, ya que puede ser determinante para mantener la relación laboral con la empresa. Según una encuesta realizada por OCC Mundial, el 43% de los participantes considera que recibir este bono es una motivación y reflexionan sobre la importancia de su trabajo y cómo pueden mejorar su productividad. El monto que reciben los empleados está vinculado con las ganancias reportadas por los centros de trabajo en su declaración anual de impuestos presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Desde el año pasado, el monto de utilidades que reciben los trabajadores tiene un tope en la LFT: como máximo, tres meses de salario o el promedio de lo observado en los últimos tres años, lo que resulte más favorable para los empleados.

El reparto de utilidades es el derecho de los trabajadores a recibir parte de las ganancias anuales generadas por la empresa como reconocimiento a su aportación para obtenerlas. Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la reforma de subcontratación y la nueva regla para el cálculo de esta prestación representó un crecimiento del 109% en el monto repartido entre los trabajadores. El año pasado, la dependencia informó que, por primera vez, 2.7 millones de trabajadores accedieron a este beneficio.

En Latinoamérica, economías como Brasil, Chile, Perú y Venezuela cuentan con un esquema similar. En México, las empresas reparten el 10% de sus ganancias y el cálculo se divide en dos partes iguales: la primera mitad se distribuye por igual entre todos los trabajadores, considerando el número de días laborados, y la otra se divide proporcionalmente en función del salario percibido.

Las empresas tienen hasta el 30 de mayo para cubrir esta prestación, y las personas físicas con actividad empresarial tienen hasta el 29 de junio, ya que tienen períodos diferenciados para presentar su declaración anual ante el SAT. De acuerdo con la STPS, los trabajadores tienen un año para reclamar el pago si no lo recibieron o el monto fue incompleto, y el derecho no se pierde si se tuvo un contrato por tiempo determinado o si ya no se labora en el centro de trabajo.

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Fuente: El Economista