28 Jun La Reforma laboral en México: una inversión de 728 millones de dólares

Actualmente, la reforma laboral mexicana representa una inversión aproximada de 14,560 millones de pesos (unos 728 millones de dólares), esto incluye lo autorizado por el Congreso de la Unión entre 2020 y 2021, lo programado inicialmente por el gobierno federal para el próximo año, el presupuesto adicional para el Poder Judicial y las aportaciones de Estados Unidos.

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En su visita a nuestro país, la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, informó que su país invertirá 130 millones de dólares para la implementación de la reforma laboral en México, recursos adicionales al presupuesto de 180 millones de dólares aprobado por el Congreso estadounidense para la entrada en vigor del T-MEC.

Entre 2020 y 2021, el gobierno de México ha destinado 3,884.4 millones de pesos (194 millones de dólares) para la reforma laboral. Estos recursos se han destinado a la creación y operación de los nuevos órganos encargados de la justicia laboral y la vigilancia de las nuevas reglas de negociación colectiva y democracia sindical, como el voto libre, personal, directo y secreto para elegir dirigentes o revisar contratos.

Para 2022, entre el presupuesto preliminar definido por la Secretaría del Trabajo y el gasto que coordina el Poder Judicial para los tribunales laborales en operación y la creación de los nuevos en 11 entidades, se estima que la bolsa para la aplicación de la reforma laboral ascenderá a cerca de 4,470 millones de pesos (224 millones de dólares)

Tan sólo en este año, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) contempló 2,482 millones de pesos para la operación de las nuevas autoridades laborales y un subsidio para las entidades que implementarán el nuevo modelo de justicia.

Cambio de paradigma laboral

Algunos de los cambios más representativos de la reforma laboral promulgada en 2019 fueron la negociación colectiva y la solución de conflictos entre trabajadores y patrones, con una apuesta importante en la conciliación. Por otra parte, impulsaron la democracia sindical fundada en la participación de la fuerza laboral.

Sin embargo, este avance hacia un nuevo modelo laboral no fue sólo resultado del interés por cubrir una deuda histórica con las personas trabajadoras del país, los cambios legales fueron compromisos asumidos por México en las negociaciones del T-MEC.

Este contexto evidencia la importancia que ha tenido la reforma laboral en el presupuesto federal y en la agenda bilateral con Estados Unidos. En el país vecino consideran que el deterioro de las condiciones de trabajo en México ha desencadenado una competencia desleal para la inversión, eso explica el interés por una implementación adecuada de la reforma.

Los 130 millones de dólares adicionales que aportará la Casa Blanca no son otorgadas directamente a las autoridades mexicanas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sólo puede sugerir en qué rubro es mejor aplicarlo, pero no puede ejercer el recurso. Este fondo es administrado directamente por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, el cual licita los proyectos a los que pueden postular organismos y asociaciones civiles, por ejemplo, para programas de capacitación o el desarrollo de plataformas de transparencia para los sindicatos.

La reforma de 2019 contempló un esquema transitorio de implementación gradual que concluye en 2023. Este contempla plazos diferenciados para que los sindicatos adecúen sus estatutos a los nuevos principios de democracia y para que legitimen sus contratos colectivos de trabajo, así como tres fases para que inicie la operación de las nuevas autoridades laborales federales y locales en los estados.

Las empresas y los sindicatos deben tomar en consideración el arranque de este proceso para el depósito de contratos o convenios. Si su empresa requiere más información, en Bermúdez Abogados nos ponemos a sus órdenes al WhatsApp 55 5415 1674, al teléfono 5574 2428 o bien al correo electrónico info@bermudezabogados.mx

Fuente: El Economista