29 May Multas elevadas para empresas que no paguen utilidades

La fecha límite para otorgar el reparto de utilidades a los trabajadores vence esta semana, y las empresas que no cumplan con esta obligación pueden recibir sanciones que oscilan entre 27,142 y 542,850 pesos, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

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Al igual que ocurre con el resto de las multas laborales, este monto puede ser fijado por cada trabajador afectado y no exime a la empresa de cumplir con la obligación. Es decir, los empleadores que reciben una sanción por este motivo deben cubrir la multa y, además, ponerse al corriente con sus obligaciones.

Los datos más recientes difundidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) indican que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU) es la obligación patronal con mayor nivel de incumplimiento según las inspecciones realizadas por la dependencia. En un período de dos años de inspecciones, la STPS identificó el reparto de utilidades como la violación más recurrente en la vigilancia de condiciones generales de trabajo, siendo 2.2 veces más común que los incumplimientos relacionados con la jornada laboral, el segundo derecho más vulnerado.

La sanción es impuesta por la autoridad laboral una vez confirmado el incumplimiento a través de una inspección. Recientemente, la Secretaría del Trabajo modificó el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones (Regitas) para separar el proceso de supervisión del proceso sancionador, haciendo más difícil evadir la multa.

El reparto de utilidades es un derecho laboral con un componente fiscal, generado por las ganancias reportadas por las empresas a través de su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se reparte el 10% de las utilidades entre los empleados.

Por ley, los trabajadores tienen un año para reclamar el cumplimiento del pago de PTU. A partir del 31 de mayo –día posterior a la fecha límite para recibir la prestación– se tienen 12 meses para exigir este derecho.

Es importante considerar que la LFT también contempla excepciones para el pago del PTU. Las excepciones incluyen:

-Empresas de nueva creación en su primer año de operaciones.

-Empresas de nueva creación que se encuentren elaborando un producto nuevo, durante los dos primeros años de funcionamiento.

-Empresas de la industria extractiva, de nueva creación, durante el período de exploración.

-Instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que ejecuten actos con fines humanitarios sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios.

-El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.

-Empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa consulta con la Secretaría de Economía.

La reforma de subcontratación de 2021, además de regular los servicios especializados y prohibir el outsourcing basado en suministro de personal, tuvo como meta asegurar el reparto de utilidades para trabajadores que no lo recibían debido a esquemas de tercerización laboral. Para evitar una distorsión en el pago al eliminar la subcontratación laboral, el sector empresarial, sindicatos y autoridades acordaron limitar el monto a tres meses de salario o el promedio de la cantidad recibida en los últimos tres años, lo que sea más favorable para el trabajador.

Esta disposición fue crucial para que la reforma de subcontratación avanzara y, desde 2022 –cuando se aplicó por primera vez–, el PTU puede limitarse. Este tope es un límite máximo, no un mínimo, es decir, las empresas no están obligadas a otorgar tres meses de salario, aunque tampoco se les prohíbe pagar una cantidad mayor.

Este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el tope al PTU, lo que prevé que no habrá nuevos amparos exitosos contra esta medida.

En 2023, según cifras de la STPS, el nuevo régimen de servicios especializados permitió un crecimiento del 17% en el reparto de utilidades otorgado por las empresas, y la cifra de empresas que otorgaron PTU pasó de 153,000 a 170,000 en un año.

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Fuente: El Economista