01 Abr Prórroga para la 3ª etapa de la Reforma Laboral

La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada –por petición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)-, aplazar por cinco meses la tercera etapa de implementación de la reforma laboral con la cual iniciarán funciones los centros de conciliación y los tribunales laborales en 11 entidades y, de manera paulatina, desaparecerán las juntas de conciliación. El vencimiento de la transición, que estaba estipulado para el 1 de mayo de este año, lo amplía hasta el 3 de octubre. Por 447 votos a favor y 16 en contra, el pleno modificó el artículo Quinto transitorio de la reforma laboral, el cual indica el plazo máximo de tres años para la última fase, es decir, el 1 de mayo de 2022. El proyecto pasó a su revisión al Senado.

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El retraso se debe a problemáticas asociadas a calendarios presupuestales, así como de obra y equipamiento para habilitar la infraestructura de las nuevas instituciones. El aplazamiento para el inicio de las operaciones de las nuevas autoridades laborales es para 11 entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. De acuerdo con el dictamen, este grupo comprende los estados de mayor conflictividad laboral. Además, se incluye una prórroga al funcionamiento de las instituciones locales en Baja California, Baja California Sur y Guerrero.

Las otras etapas del proceso

El Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral estableció tres etapas para realizar la transición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a los Centros de Conciliación Laboral. Las dos primeras ya se cumplieron.

La primera etapa arrancó el 18 de noviembre de 2020 en los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas.

La segunda fase, en “las entidades de que registran una conflictividad laboral media”, según señala el dictamen, se aplazó un mes. Comenzó el 5 de noviembre en Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur y Guerrero.

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Fuente: El Economista

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