El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Gobernación, envió a finales de septiembre a la Cámara de Diputados su iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con la que busca controlar las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro (Afores).

La propuesta busca que las comisiones tengan niveles similares a los promedios que se aplican en Estados Unidos, Chile y Colombia.

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De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las tres características principales de la propuesta de Reforma son:

1/ Aumento en las aportaciones para el retiro. Se incrementarán las aportaciones tripartitas de 6.5% a 15% del salario, las cuales se llevarán a cabo de manera paulatina a lo largo de ocho años, siendo la contribución patronal la que se incrementará de 5.15%, vigente en la actualidad, hasta 13.87%.

2/ Disminución del requisito de semanas de cotización para alcanzar el derecho a la pensión. Se reducirán de 1,250 a 750 semanas el requisito para alcanzar una pensión garantizada y posteriormente se elevará gradualmente, en un periodo de 10 años, a 1,000 semanas.

3/ Incremento en el valor de la pensión mínima garantizada. Se incrementará el valor de la pensión de un promedio actual de 3,289 pesos a un valor promedio de 4,345 pesos, que se otorgará en función de la edad, las semanas cotizadas y el salario base de cotización.

Algunas críticas a la propuesta de Reforma

El contenido de esta Reforma no ha sido ajeno a las críticas de especialistas en la materia. Éstas son las principales:

Reforma incompleta

La principal crítica a la propuesta de reforma es que no contempla a la totalidad de los trabajadores, ya que sólo está enfocada en aquellos que laboran en el sector privado y que están asegurados en el IMSS, por lo que no constituye una reforma integral de amplio alcance, que abarque a todos los subsistemas de pensiones, especialmente a los trabajadores del gobierno federal (PENSIONISSSTE).

Costo de la contratación formal

Otra crítica es que se desincentivaría la contratación formal dado que elevaría los costos laborales para las empresas. En este sentido, el posible encarecimiento del empleo formal podría repercutir sobre los salarios de los trabajadores ya que el empleador ajustaría su aportación a la pensión.

Informalidad

La propuesta de la reforma se basa en la segmentación del mercado laboral, diferenciando entre trabajadores formales e informales, quedando estos últimos excluidos de la seguridad social. Debido a esto, la propuesta no resuelve el problema de fondo que es la informalidad laboral debido a que sólo 20 millones de trabajadores cotizan al IMSS, excluyendo así a 32 millones de trabajadores informales.

Costo fiscal

Una reforma con tales características implicaría un costo fiscal importante debido a que aumentaría la cobertura del número de pensionados y los recursos que requerirá aportar el gobierno. Esto se deriva de que el presupuesto que se tiene contemplado para el pago de pensiones sea de más de 1 billón de pesos a partir del 2021, de acuerdo con la SHCP, lo que representa un gasto superior al destinado a otros rubros, como salud, educación o infraestructura.

Es necesario que el sistema de pensiones vigente se adapte a las necesidades actuales. Para ello, se requiere una discusión cautelosa debido al rápido envejecimiento de la población, la marcada segmentación del mercado laboral que está caracterizada por altos niveles de informalidad laboral y por la multiplicidad de subsistemas pensionarios. Algunas propuestas más amplias están encaminadas a transitar hacia un sistema de pensiones incluyente que permita a los trabajadores informales participar en la economía formal.

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Fuente: Factor Capital Humano