15 Mar Se congela la reforma para regular el trabajo en aplicaciones

En México, alrededor de medio millón de personas se encuentran en un limbo legislativo, esperando mejores tiempos para saber si tendrán reconocidos sus derechos laborales: los repartidores y conductores de aplicaciones.

El gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), presentó una propuesta de reforma para integrar un nuevo apartado en la legislación laboral que abordara los empleos asociados a la economía gig, que engloba a aquellos que realizan trabajos de forma independiente a través de plataformas digitales. Sin embargo, esta propuesta nunca vio la luz.

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A pesar de que en ambas cámaras del Congreso existen una docena de propuestas de todos los partidos políticos para reconocer los derechos laborales de este sector, ninguna ha logrado avanzar y continúan estancadas en el proceso legislativo. El intenso lobby por parte de las aplicaciones ha sido un factor clave en este estancamiento.

En el contexto de la aprobación de una reforma que permitió formalmente a los trabajadores independientes cotizar en el IMSS y el Infonavit, legisladores de todos los partidos en el Senado advirtieron que este cambio no era la solución para quienes trabajan a través de plataformas digitales y que se requería una reforma laboral específica.

El problema radica en que las empresas del sector, así como el IMSS, han promocionado este programa como la solución para que las personas accedan a la seguridad social, sin asumir responsabilidad como empleadores.

Las plataformas de reparto y viajes como Uber, Rappi y DiDi insisten en que la flexibilidad que ofrecen en su modelo de trabajo es el principal atractivo para quienes laboran con ellas y que todos estos trabajadores son autónomos. Sin embargo, varios organismos internacionales, incluida la OIT, han advertido que el modelo de empleo de las aplicaciones y sus algoritmos tienen elementos de subordinación laboral, por lo que la relación entre las plataformas y sus trabajadores debe regularse.

Ante este panorama, la OIT se ha propuesto elaborar un convenio internacional para regular la economía gig y proteger a quienes participan en este modelo flexible de trabajo para el año 2025. Parece que la decisión del gobierno mexicano de posponer el tema va en línea con esperar la regulación a nivel internacional. Todo apunta a que México deberá esperar a que se llegue a un acuerdo en Ginebra para implementar su propia reforma.

Mientras tanto, según una investigación reciente de la OIT, los conductores de aplicaciones trabajan hasta 67 horas a la semana, mientras que los repartidores laboran hasta 59 horas semanales.

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Fuente: El Economista