STPS alista nuevos criterios para la subcontratación laboral

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha preparado un nuevo criterio para calificar los servicios de corte, cosecha y recolección en la agroindustria como actividad económica preponderante de las empresas dedicadas al cultivo, empaque, distribución y exportación de fruta, es decir, tareas que no pueden ser realizadas por terceros, con base a las nuevas reglas de subcontratación.

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Estos dictámenes serían la base de las inspecciones en la agroindustria, las cuales interpretarían que los trabajadores dedicados al corte, cosecha y recolección deberán estar contratados directamente por las empresas empacadoras y exportadoras, ya que sus tareas se considerarán como parte de las actividades principales de dichas compañías.

Actualmente, los criterios se encuentran en espera de la exención del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) que solicitó la STPS a la Conamer. El proyecto ha generado algunas opiniones en contra de la iniciativa privada, principalmente por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH).

El Repse será inviable

La inscripción al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) es inviable para las empresas que busquen prestar en el mercado los servicios de corte y cosecha, de acuerdo con el proyecto elaborado por la dependencia.

“Las empresas que actualmente desempeñan la actividad de corte, cosecha o recolección de frutos podrán fungir como agencias de empleo o intermediarios en el proceso de reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación y transporte, siempre y cuando estas empresas no se consideren patrones. En tal virtud, dichas empresas para las actividades antes descritas podrán ser contratadas como empresas con actividad especializada, siempre y cuando cuenten con su registro ante el Repse”, refieren los criterios.

Las empresas especializadas en corte y cosecha que actualmente están inscritas en el Repse se les va dará un período transitorio para que puedan regularizarse y puedan hacer el traslado de trabajadores, con ayuda del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a las empresas que son empacadoras.

Por ahora estos criterios son únicamente para la agroindustria, “pero no será el único (…) en su momento se van ir definiendo para otro tipo de industrias y van a ir dando claridad, todo con el objetivo de mejorar y que se respeten los derechos laborales de los trabajadores”.

¿Qué opina la iniciativa privada?

Por su lado, la iniciativa privada ha solicitado a la Conamer reclasificar el proyecto como Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) de impacto moderado para estar sujeto a consulta pública, pues consideran que el anteproyecto no sólo endurece las reglas del outsourcing, sino también puede generar un impacto negativo en el empleo en el campo.

El Consejo Nacional Agropecuario reconoce que los criterios buscan proteger los derechos de terceros, sin embargo, también subraya que no hay afectación en la contratación de los servicios de corte y cosecha. “Se estaría afectando los derechos de los terceros y de la sociedad si se permite que la autoridad laboral determine imperativamente aspectos que están fuera de su ámbito competencial, violando así el derecho humano de libertad de comercio y el principio de legalidad ya antes mencionados”, afirma.

La Coparmex considera que los criterios de subcontratación “implican costos económicos adicionales para las empresas que ya contaban con una planeación de sus operaciones con base en la posibilidad que otorga el Repse de registrar estas actividades”. Aunque la organización reconoce la facultad de inspección de la STPS, apunta que “la propuesta regulatoria, además de vulnerar derechos, se excede el marco legal ya existente.” Otra de las afectaciones que traería la aplicación de los criterios es la restricción de un esquema que permite a los trabajadores migrar y rotar y, al mismo tiempo, restringiría servicios especializados que “ofrecen a los trabajadores condiciones de formalidad, cubren sus costos administrativos”.

Finalmente, la AMECH remarca que las nuevas reglas de outsourcing podrían incrementar la informalidad, en especial en un sector con niveles altos de fuerza laboral sin seguridad social. Además de esto, señala la organización, “existe escasez de personal del campo en ciertas zonas del país, lo que podría generar complejidad en el cubrimiento que se requiere por temporadas y las habilidades del personal”.


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Fuente: El Economista

 

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