24 Sep STPS retrocede en endurecer inspecciones a empresas
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha decidido retroceder en su proyecto para modificar el reglamento general de inspección en el que quería reducir de 90 a cinco días el tiempo que tienen los empleadores para corregir irregularidades y deficiencias detectadas durante una visita verificación por parte de las autoridades.
Este proyecto se encontraba en análisis en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) desde junio; sin embargo, en septiembre la dependencia retiró el proyecto argumentando que se encuentra en un proceso de análisis, solicitado la baja del expediente.
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La STPS también proponía eliminar las inspecciones de comprobación e incluir dos nuevos criterios para las verificaciones extraordinarias, como las derivadas de una estrategia específica del programa anual de inspección o las enfocadas en comprobar el cumplimiento de medidas dictadas por la propia autoridad.
La propuesta recibió 25 expedientes con cerca de 100 observaciones del sector privado, entre las que destacan un tiempo de respuesta general para todas las irregularidades sin contemplar el riesgo que puedan tener éstas y un impacto diferenciado entre los grandes y pequeños empleadores.
A través de un oficio, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que reducir el tiempo de corrección de irregularidades ponía a las pequeñas y medianas empresas en una situación de desventaja frente a los grandes empleadores.
En la actualidad, el reglamento de inspección establece un plazo de entre 30 y 90 días para que las empresas realicen las modificaciones necesarias como resultado de las irregularidades detectadas en una visita de la autoridad, este período puede ser prorrogable por el mismo tiempo otorgado, y por una sola vez, siempre y cuando no exista riesgo para la vida o seguridad de los trabajadores.
Una propuesta llena de riesgos
La STPS reconoció que la reducción de los plazos tendría un impacto económico para las empresas, debido a la premura de hacer las correcciones, sin embargo también destacó que se han presentado accidentes que ponen en peligro la vida de los trabajadores por esperar la modificación de las irregularidades en los 90 días.
En este tenor, la Coparmex consideró que el proyecto no contemplaba una regulación basada en riesgos, con la se otorgue menos tiempo para atender las irregularidades menores y un mayor plazo para las que pueden tener consecuencias más graves.
En su dictamen preliminar, la Conamer opinó que los beneficios sociales del proyecto eran superiores a los costos por cumplimiento, pero en apego al marco legal, la STPS tenía que evaluar las observaciones de la iniciativa privada para incluirlas en la propuesta, o bien justificar el por qué eran descartadas.
Los comentarios expuestos por el sector privado, como que se adopten esquemas en los que se diferencie el riesgo, serán de utilidad para que la STPS realice un nuevo proyecto más apegado a las posibilidades de respuesta de las diferentes empresas.
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Fuente: El Economista
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